Un estudio coordinado desde la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del ISCIII ha analizado las barreras que encuentran las mujeres jóvenes expuestas a la violencia machista para acceder y utilizar los servicios de ayuda.

Los resultados, publicados en la revista 'PLOS one', señalan, por un lado, hacia barreras psicosociales, derivadas del complejo proceso de salida de una situación de violencia, y ligadas a construcciones sociales marcadas por las desigualdades de género. También destacan que hay barreras estructurales, como la falta de recursos humanos, materiales y económicos de los centros o a una falta de adaptación de estos servicios a las mujeres jóvenes.

Las autoras principales del estudio son Laura Otero García, Eva Durán Martín y Belén Sanz Barbero. Además, el trabajo formará parte de la tesis doctoral de Durán, codirigida por Sanz y Laura Otero García, en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública del Instituto Mixto IMIENS del ISCIII y la UNED. En la investigación también participan investigadoras de la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma y la Universidad Carlos III de Madrid.

Para el estudio, las investigadoras han analizado las percepciones que tienen los profesionales dedicados a la prestación de servicios relacionados con la lucha contra este tipo de violencia. Mediante 17 entrevistas en profundidad, realizadas en la Comunidad de Madrid a personas que gestionan recursos de atención de servicios sociales, recursos sanitarios, fuerzas de seguridad, oficinas de la mujer y/o juventud, y asociaciones de ayuda a la violencia de género, se ha hecho un análisis cualitativo que ha revelado distintos niveles de barreras de acceso para las mujeres jóvenes.

Entre las dificultades percibidas por las personas que trabajan en este tipo de servicios, las personas entrevistadas señalan una demora en el tiempo que tardan las mujeres jóvenes en reconocer y demandar ayuda para este tipo de violencia, en buena parte debido a que la construcción social de las relaciones afectivo-sexuales está impregnada de desigualdades de género.

También citan la complejidad de manejar una situación de violencia y escapar de ella, y añaden las barreras inherentes a los servicios de atención a la violencia, como la falta de coordinación entre los distintos niveles asistenciales, la falta de falta de adaptación de estos servicios a la juventud, o una mayor falta de confidencialidad en el medio rural.

Las autoras señalan, en consecuencia, que los aspectos clave para mejorar la prevención de esta violencia y el acceso a estos recursos de ayuda están relacionados tanto con las circunstancias de las jóvenes afectadas, como con el desarrollo de la práctica profesional que lucha contra ella, y con las capacidades de los servicios de atención.

Por ejemplo, citan la necesidad de una mayor formación sociosanitaria, especialmente en Atención Primaria, para atender este tipo de violencia, y la importancia de contar con equipos multidisciplinares, con diferentes tipos de profesionales, para abordarla con éxito. También señalan la relevancia de adaptar estos servicios a la realidad de las mujeres adolescentes y jóvenes, y la necesidad de consolidar protocolos de actuación para una detección y atención temprana.