Varias personas trans en Euskadi se han unido en torno al colectivo SuminTrans para denunciar “las violencias ejercidas desde la Unidad de Identidad de Género (UIG) del hospital vizcaíno de Cruces, la única en Euskadi y que, según denuncian, “ tiene un total monopolio de los servicios sanitarios para las personas trans”.

Desde hace 16 años, todo el proceso de transición se ha centralizado en Cruces, en concreto, en la Unidad de Identidad de Género (UIG) de referencia, por la que desde 2009 han pasado, según datos de Osakidetza, 1.308 personas.

Denuncian la “violencia médica e institucional” de esta UIG en la que se les obliga a someterse a un diagnóstico psiquiátrico, una práctica “ilegal”. Así, animan en sus redes, a quienes hayan “recibido algún tipo de discriminación o violencia por parte de cualquier “profesional” de la Unidad de Identidad de Género de Cruces” a que se unan “a nuestra denuncia social colectiva”.

Desde esta nueva asociación recuerdan que en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar “ser trans como un trastorno” y que un año después, el Gobierno Vasco modificó una ley trans anterior (14/2012) y declaró la ley 9/2019, “enmendando el artículo tres que hasta entonces exigía un diagnóstico psiquiátrico para poder acceder a nuestros derechos como personas trans”.

Además, puntualizan que en febrero del pasado año, se aprobó una ley autonómica en la que, se explicita que Osakidetza prestará a las personas trans “acompañamiento psicológico o psiquiátrico adecuado si la persona usuaria o familiares lo solicitan, siendo este acompañamiento el común previsto para el resto de personas usuarias de Osakidetza-Servicio vasco de salud, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a que previamente deba someterse a examen psicológico o psiquiátrico alguno”.

Aseguran que se están vulnerando sus derechos humanos, porque “más allá de la legalidad, lo grave es la cantidad de violencia médica e institucional que dicha UIG provoca de manera sistemática a las personas trans que acuden a ellas”.

En este sentido, denuncian que “los profesionales de psiquiatría, endocrinología y cirugía, de la unidad participan activa y explícitamente en esta violencia” y “se escudan con argumentos gordófobos, homófobos, lesbófobos, bífobos, sexistas, binaristas, capacitistas y, por supuesto, tránsfobos y transmisóginos, para denegar acceso a hormonación y cirugías”. En opinión de este colectivo emplean “un trato infantilizante y jerárquico con el que humillan a las personas ejerciendo abusos de poder”.

El pasado mes de marzo, el departamento vasco de Salud anunció que este 2025, ante el aumento de solicitudes de atención sanitaria a personas trans y el incremento, particularmente significativo entre los menores de edad, se van a abrir tres unidades específicas con psicólogos en sus centros de salud para tratar las necesidades sanitarias de pacientes en el tránsito de cambio de género “en un entorno extrahospitalario y amigable” durante el proceso de transición médica. SuminTrans denuncia que no se haya contado con colectivos trans para elaborar dicha guía, aunque así lo indique la ley y afirman que "no sirve de nada mantener una institución tránsfoba como la UIG y simplemente añadir tres tinglados más" y exigen "la eliminación total de la UIG y su monopolio de violencia".

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