El Gobierno impone a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impone a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios que no cumplen la normativa
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma. A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha instado a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.
En concreto, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios, que son Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. En todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales.
Según Consumo, los anuncios no incorporan el número de licencia o registro, no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores o los números de licencia no corresponden a los expedidos por las autoridades. En los últimos meses, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad.
Una sentencia judicial desfavorable para la plataforma
Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJ insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.