El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal que se ocupó de los casos del Palau de la Música y del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, para una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, donde tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo (TS) investiga al jefe del Ministerio Público.

Así lo ha acordado tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, donde se decidían las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género. De estos cuatro puestos, destacan los dos fiscales de sala para coordinar las nuevas unidades especializadas de la Fiscalía que se crearon como parte del Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno: una de delitos económicos contra la Hacienda Pública y otra de delitos contra la administración pública.

Para esta última, García Ortiz ha nominado a Sánchez Ulled, hasta ahora consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea; mientras que para la primera ha propuesto al actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey.

La plaza de fiscal de sala para coordinar delitos contra la administración pública era la más polémica. De hecho, fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no han votado en lo referente a este puesto.

Las citadas fuentes precisan que Sánchez Ulled ha sumado los cuatro votos restantes: los dos de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) y los dos de las vocales natas (la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite). En la misma línea, Rodríguez Rey ha contado con estos cuatro apoyos, mientras que la AF ha respaldado a Luis Rodríguez Sol y la APIF a Carmen Launa, dos fiscales anticorrupción.

Cabe recordar que se trata de nombramientos discrecionales donde el fiscal general debe escuchar al órgano consultivo sin que la opinión que emita sea vinculante, por lo que puede optar por un candidato distinto al avalado por la mayoría.

El pasado octubre, los vocales de la AF y de la APIF votaron en contra de la creación de la unidad especializada en delitos contra la administración pública al considerar que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción que podría acabar arrebatando a esta última determinadas causas.

En vísperas del Pleno, la AF envió una carta a García Ortiz donde le instaba a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que le investiga el TS. "No resulta ni ético ni estético" que proponga candidato para este puesto, dijo la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado. Sin embargo, García Ortiz ha desoído la petición de la AF, llevando a cabo esta propuesta de nombramiento, al considerar que no existe el "interés personal" alegado por la asociación profesional.

Otras voces del Consejo Fiscal rechazan igualmente las críticas a la unidad especializada. A su juicio, no hay solapamiento de competencias con la Fiscalía Anticorrupción porque ésta ejerce funciones jurisdiccionales interviniendo directamente en los casos, pero la de reciente creación no las tiene, por lo que se limitará a coordinar la actuación de los fiscales especialistas en la materia para unificar criterios.

A ello suman que la Fiscalía Anticorrupción se encarga de los casos de "especial relevancia", mientras que la nueva unidad especializada se dedicará a una corrupción de menor entidad, aunque "sistémica", como la detectada en corporaciones locales o diputaciones provinciales. Con todo, califican de "ficción" el debate planteado por la AF, descartando que Sánchez Ulled o cualquiera que hubiera sido elegido pueda influir en el caso abierto contra el fiscal general del Estado en el TS.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha sostenido en su comunicado que "la especialización en el Ministerio Fiscal es un instrumento muy eficaz en la lucha contra diversos fenómenos delictivos, lo que redunda en beneficio de los derechos de víctimas y perjudicados".

"Por ello es imprescindible continuar con la especialización de la carrera fiscal para mejorar la eficacia en la respuesta a los delitos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente el fraude a la Hacienda Pública y la corrupción pública", ha afirmado.

Al margen de esas dos nuevas plazas, la fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha comunidad autónoma, María Eugenia Prendes, ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer, puesto para el que era la única candidata.

Además, para cubrir la vacante que dejó el fiscal de sala coordinador de seguridad vial Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero, García Ortiz ha designado a Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, hasta ahora fiscal adscrito a esa unidad especializada. Por otro lado, el fiscal general ha nominado para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a Gloria Alonso Ballesteros y para Anticorrupción a Elisa Lamelas y Diego Lucas.

En el marco de este mismo Pleno, el Consejo Fiscal ha analizado su informe sobre el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también emitió informe, alertando de "disfunciones" que podrían generar "una carrera a dos velocidades". El órgano de gobierno de los jueces advirtió de que algunas de las "innovaciones de calado" que contempla la reforma podrían "debilitar la independencia del Poder Judicial".

En su caso, el Consejo Fiscal ha realizado algunos cambios al borrador analizado para incluir, entre otras cosas, el rechazo a la implantación del llamado 'cuarto turno' en la carrera fiscal y la intervención del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para ayudar gratuitamente a los opositores. Tras estas modificaciones, los dos vocales de la UPF han anunciado voto particular respecto a estas dos cuestiones, manifestando su apoyo al resto del texto.

El Consejo Fiscal también ha examinado en este Pleno el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se crean secciones de violencia contra la infancia adolescencia en determinados tribunales de instancia.

Asimismo, se ha presentado el proyecto de instrucción que regulará el funcionamiento, competencias y criterios generales de actuación de la especialidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una vez consolidado su despliegue territorial. El Ministerio Público ha detallado que, "en la actualidad, esta área de especialización cuenta ya con una red de 49 fiscales especialistas, 45 de los cuales son delegados provinciales".

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